Las relaciones y tensiones entre el Estado y titulares de programas sociales, mediadas por dirigentes de las organizaciones, es un tema central en la agenda de desarrollo social desde que existen políticas de transferencia monetaria. Actualmente, en el centro de este escenario se encuentra el programa Potenciar Trabajo, que llega a un millón de personas quienes perciben $12.000 a cambio de una contraprestación laboral, lo que equivale a la mitad de un salario mínimo, vital y móvil. La modalidad de otorgar este tipo de ingreso no es nueva en Argentina: el Potenciar Trabajo es la nueva denominación de los anteriores Hacemos Futuro y Salario Social Complementario que se fusionaron bajo este nuevo rótulo, herederos también de programas anteriores, enmarcados en la crisis del 2001.
El Potenciar Trabajo es sumamente importante para lxs trabajadorxs de la economía popular. En contraposición, y desde hace décadas, el debate mediático instaló discursos que cuestionan la legitimidad de este tipo de programas, haciendo mella en la sociedad y reproduciendo la idea de que representan un gasto estatal alto. Sin embargo, según datos oficiales de Argentina.gob.ar, lo que se destina al Potenciar Trabajo representa sólo el 0.92% del presupuesto nacional.
El fin de las restricciones trajo visibilidad a los cortes de calles masivos de trabajadorxs de la economía popular, y así, de sus reclamos. Actualmente, éstos se centran en la demanda de más programas Potenciar Trabajo para extenderlos a más personas. “No es un plan, es un programa de fortalecimiento de la economía popular organizada, donde enorme cantidad de personas trabajan, y es tremendamente injusto desvalorizar ese trabajo”, dijo Juan Grabois, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en entrevistas a distintos medios a lo largo del 2021.
Sobre el significado que tiene el Potenciar Trabajo para los sectores populares, Luciano Álvarez, Secretario de la organización social y política Los Pibes, ubicada en el barrio porteño de La Boca, dice: “Es para nosotrxs un reconocimiento y una conquista. Primero logramos durante el macrismo el Salario Social Complementario, y con este gobierno, que se convierta en una política un poco más firme de Estado”. Con una historia militante de años en el barrio, Álvarez agrega: “De alguna forma, la inmensa mayoría de los espacios organizados de la economía popular son contenidos en este programa. Hay todavía porciones organizadas que no, y otra porción enorme de gente que no está organizada en movimientos y organizaciones y que tampoco han tenido acceso al programa”.
Poco se empieza a conocer cómo se organiza el trabajo popular en los territorios, en los barrios, en los espacios comunitarios, qué se hace, cuáles son los modos de asignar tareas e incorporar trabajadorxs, entre otras cuestiones. El caso de Raquel lo ilustra bien: ella vive en La Boca y participó en distintas organizaciones de la UTEP a lo largo de su vida. Actualmente, trabaja en el área alimentaria y lleva adelante distintas tareas. “Una es en la cocina de una organización social, hacemos meriendas y cenas, y trabajamos con el Potenciar Trabajo. 18:30 arrancamos a dar comida… trabajamos con los productos que nos llegan, y con eso intentamos nutrir a los hogares y que puedan comer bien”. Otras de sus tareas se vinculan al área de educación alimentaria, donde participa de la entrega de productos a familias: “También articulamos con la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es parte de la UTEP, y buscamos generar nuestros propios alimentos, saludables, sin llenar los bolsillos de los empresarios”.
Sus hijas e hijos siguen sus pasos y, además de estudiar, la acompañan en sus tareas. Orgullosa de su experiencia como militante, Raquel ratifica la importancia de organizarse para conquistar derechos, y cuenta que su experiencia de vida no logró endurecerla: apuesta por construir un futuro para pibes y pibas en el que puedan trabajar, accediendo a derechos que lxs compañerxs de su generación no tuvieron. Repasa también otras tareas laborales en organizaciones en el pasado, acompañando a pibes y pibas en situación de calle o consumo: “Hay pibes que están en el paco, y para mostrarles que hay otros caminos, hay que enseñárselos. Hoy los veo integrados a espacios donde desarrollan diferentes tareas”, explica. “Algunas de ellas son changas de diferentes oficios, y a mí eso me llena y es fruto de la organización. En los espacios militantes siempre hay tensiones políticas, pero en lo cotidiano es otra cosa”.
Además de las tareas sociocomunitarias, la economía popular tiene otras áreas: “No esperen que se produzcan misiles transatlánticos”, dice Grabois, irónico, y sostiene que se trata de organizar grupos de trabajo con determinadas tareas laborales. Quienes perciben $12.000 mensuales a través del Potenciar Trabajo son mujeres como Raquel, que trabajan en comedores comunitarios, dándole de comer a miles de pibxs por semana, productores de elementos textiles, reciclados, carpintería, feriantes de mercados populares, trabajadores de la agricultura familiar, entre otros. El proyecto es generar trabajo autogestivo a partir de los propios saberes y oficios de los grupos que integran las unidades productivas, con posibilidades de crecimiento.
Respecto al trabajo que se realiza en Los Pibes, presentada por Luciano como una de las organizaciones más viejas en la UTEP, explica: “Nuestrxs compañerxs desarrollan una infinidad de tareas, desde productivas vinculadas a la comunicación comunitaria, en nuestra radio, a la pesca artesanal, en el área de producción de alimentos, y un sinnúmero de tareas de trabajo comunitario, de cuidado en los merenderos, sanitarias, diferentes formas que nuestra comunidad va encontrando para mejorar las condiciones de la vida”.
El dinero del Potenciar Trabajo va directamente a una tarjeta de débito otorgada a lxs beneficiarixs, insertxs en un plan de trabajo que se valida mediante control estatal. Respecto a los nombres de titulares que las unidades productivas presentan en sus proyectos, Grabois explica que se realizan auditorías desde distintos espacios, donde cada unidad ejecutora, sea un club de barrio, iglesia, comedor, organización social o municipio se constituye y presenta sus proyectos al Estado Nacional con el objetivo de obtener los programas necesarios para su funcionamiento y crecimiento.
Una diferenciación importante para entender la trama y sus actores es que los movimientos sociales no son en sí mismos unidades productivas. Por ejemplo, la UTEP es un movimiento social que, a su vez, contiene distintas organizaciones de distintos lugares del país, las cuales pueden constituirse en unidades productivas, así como otros espacios en los barrios, territorios de este movimiento, tales como los mencionados anteriormente. En síntesis, las unidades productivas se constituyen hoy en las formas de organizarse de quienes integran la UTEP para autogenerar trabajo, a través de la presentación de sus proyectos. A la hora de movilizar, lo hacen de forma colectiva, bajo la forma de movimiento social.
Respecto a los modos de incorporación de trabajadorxs a las unidades productivas, cada espacio construye sus criterios. Álvarez postula como central que se pueda integrar cada vez más gente a proyectos comunitarios: “Cada unidad productiva tiene un nivel de autonomía muy grande. Se incorporan lxs compañerxs que define cada espacio, con sus propios criterios, y en asambleas, a través de sus coordinaciones”, y en ese sentido, agrega que lo primero que se valora es que el compañerx quiera salir adelante, que quiera generar alternativas al sistema para ser parte de un proyecto colectivo que le permita salir de la supervivencia individual. Luciano, que forma parte de Los Pibes desde los 90, tiene claro que de la exclusión social no se sale solo y que las unidades de gestión no sólo generan trabajo para millones de personas olvidadas: también, desde los márgenes, proponen otro tipo de relaciones sociales, con otras lógicas. Así, en sus espacios, se construye colectivamente, y lxs trabajadorxs se apropian de ellos en un sentido material y simbólico. De este modo, el territorio aparece como espacio de resistencia, lucha y creación.
La llamada territorialización de los sectores populares en espacios físicos apropiados puede compararse con la vieja territorialidad de la fábrica de lxs trabajadorxs, expresando nuevas identidades y también nuevos sujetos políticos, que en sus espacios producen y reproducen su vida cotidiana y pelean por sus derechos. Raquel también adhiere a esta posición: “Sumamos compañerxs a unidades productivas porque lo primero que hacemos en los espacios de trabajo es mirar la necesidad de la gente”.
A diferencia de otros programas como la Asignación Universal por Hijo, que puede ser tramitada por cualquier ciudadanx de forma individual a través de ANSES, el Potenciar Trabajo debe ser mediado por alguna unidad de gestión. Esta intermediación genera polémica en torno a la supuesta discrecionalidad de dirigentes sociales a la hora de solicitar al Estado el alta de programas a sus titulares, o bien su sostenimiento en el tiempo o baja. Tampoco se trata de un debate nuevo: la idea de “punteros políticos” existe desde hace décadas, que aparece de la mano del proceso de empobrecimiento de la región.
Sin embargo, la mayoría de quienes perciben el Potenciar Trabajo no son dados de baja por dirigentes de unidades de gestión y movimientos sociales, sino que mantienen su titularidad y conservan sus espacios de producción autogestiva y comunitarios. Por otra parte, existe un desconocimiento generalizado acerca de cuáles son los criterios que manejan los espacios populares para organizar el trabajo, además de criticar una lógica que se acepta para otros contextos: “Del mismo modo en que te pueden sacar de un canal por no tener la línea editorial de un programa, también puede pasar algo similar en una organización. Sin embargo, se dieron de baja menos del 2% del padrón del Potenciar Trabajo”, responde Grabois. “La idea de que hay gente atada de pies y manos, cautivas por grupos mafiosos a las que se las obliga a movilizar para poder tener un ingreso, es una idea distorsionada, plagada de prejuicios y que gran parte del sistema político de izquierda, derecha y centro sostiene”.
Los espacios y organizaciones que forman parte de la UTEP se reconocen como lxs excluidxs del mercado laboral formal, y esto es cierto: el desarrollo y organización de su trabajo surge como estrategia frente a la incapacidad de la economía de mercado de ofrecer empleos dignos y bien remunerados para el conjunto de la sociedad, en una tendencia creciente.
La UTEP se presenta como la mayor experiencia organizativa de los últimos 40 años en Argentina. Es la posibilidad de sostener un espacio integrador y más potente para quienes vienen de la lucha y de la calle. La UTEP, como organización, se encuentra tensionada entre la política institucional y territorial, entre lo sindical y la expresión colectiva y disruptiva de los movimientos sociales, principal actor social y político fortalecido en el siglo XXI. Se puede trazar una línea de acumulación política desde la soledad del desocupadx, pasando por la acción directa de lxs piqueterxs, hasta una institucionalización del trabajadorx de la economía popular, que autogestiona de manera colectiva su supervivencia en un mundo cada vez más hostil y desigual. En esta línea, Luciano sostiene: “De la mano de entendernos como trabajadorxs estamos fuertemente comprometidxs con, junto al resto del movimiento obrero, incorporarnos en la CGT y poder generar la herramienta más potente de Latinoamérica en manos de lxs trabajadorxs”
Las unidades de gestión que generan trabajo para millones de personas olvidadas, que componen los porcentajes de pobreza estructural del país, construyen de la nada alternativas para generar ingresos lo cual contiene la conflictividad social: de no ser por la organización popular, sucedería una escalada. Y si bien existe un componente cultural, militante y de lucha histórica de los sectores populares en la acción autogestiva, su sostenibilidad está atada esencialmente a una política de Estado conducente de estos procesos. Luciano señala que no alcanza, entonces, con políticas sociales de transferencia económica: “Es importante para fortalecer nuestra producción que hayan líneas de compra estatal a la economía popular, no compitiendo de igual a igual contra la empresa privada porque sería imposible, sino entendiendo que es la única posibilidad que tiene este sujeto para generar trabajo genuino, que sea valorado por el Estado y la sociedad, no por su rentabilidad sino por el impacto social y comunitario que genera esa cantidad de pueblo organizado mejorando las condiciones de vida en nuestros territorios. Donde no llega el Estado, ni otra instancia, siguen llegando las organizaciones sociales”.
Es importante dar discusiones conceptuales que vienen siendo postergadas respecto a cómo son reconocidos los sectores populares organizados, que resuelven la reproducción social de millones de familias, y sobre qué tipo de políticas públicas deben gestionarse para dar respuestas a sus reclamos. Los discursos de analistas políticos que reniegan de movilizaciones y cortes de calles, proponiendo “más trabajo privado” como una solución frente a la “vagancia” de los sectores populares, han quedado obsoletos. En primer término, porque estamos transitando una cuarta revolución industrial que permite a propietarios prescindir de mano de obra y, consecuentemente, salarios, generando cada vez menos empleo, o como mínimo el que podría emplear a estos grupos. En segundo, porque quienes se movilizan, trabajan: son trabajadorxs de la economía popular.
Se puede trazar una línea de acumulación política desde la soledad del desocupadx, pasando por la acción directa de lxs piqueterxs, hasta una institucionalización del trabajadorx de la economía popular, que autogestiona de manera colectiva su supervivencia en un mundo cada vez más hostil y desigual.
La empatía social pareciera ser un valor en extinción. Especialmente, con quienes son lxs descartadxs de la tierra, lxs que nadie ve. Los movimientos sociales no son el problema de la conflictividad social en Argentina: por el contrario, son grandes responsables de la paz social, conteniendo a millones, evitando que el conflicto escale a niveles mayores e incontrolables.
Hay un mínimo acuerdo respecto a que, en democracia, el Estado tiene que estar presente donde haya necesidades básicas que cubrir y donde se esté transitando una situación de emergencia. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) del año 2020 demostró que hay, por lo menos, 9 millones de personas trabajando fuera de la economía de mercado en Argentina. Hoy el Potenciar Trabajo llega sólo a 1 millón de personas. Resulta clave que, además de reivindicarse a sí misma, la economía popular tenga el reconocimiento social que merece para poder así desarrollar su potencialidad, en términos económicos, sociales e institucionales.
Tamara Santoro Neim es la autora de la nota.
Luna Zaballa es la editora de la nota
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