¿Cuáles son los factores que limitan la autonomía y ciudadanía de las mujeres? Una respuesta posible puede encontrarse en las oportunidades existentes, disponibles, que se expresan en políticas públicas. El Estado aparece, así, como instancia que permite (o no) crear y asegurar espacios para el despliegue de estas ciudadanías, demanda ya instalada hace tiempo en la arena política.
Antes de analizar los programas en la clave referida, es importante detenernos en el significado históricamente atribuido al espacio público (y privado) para pensar la autonomía de las mujeres como categoría política. Existe un punto estratégico que establece status de ciudadanía para los sujetos y sujetas y ese nudo, del cual derivan consecuencias políticas, está anclado al cuerpo y la sexualidad. En el caso de las mujeres, hablamos de anatomía: su capacidad biológica reproductiva ha sido la causa de su reclusión en el espacio doméstico en tanto ámbito de privación (no de intimidad, como suele argumentar la tradición liberal). Esa noción de ciudadanía, organizada sobre la base de una distinción entre el espacio público y privado, ha sido criticada por la teoría feminista desde sus inicios (Brown, 2009); se denuncia cómo a partir de la diferencia sexual se construye una diferencia política, que se traduce en privilegios para unos y en privaciones, opresiones, sujeciones para otres.
¿Cuáles son los factores que limitan la autonomía y ciudadanía de las mujeres?
Lo central de esta cuestión es reparar en que la división de las esferas pública y privada para los varones y mujeres, fundada en la diferencia sexual, fue también la fórmula a partir de la cual se instituyeron, entre otros, los mitos de la maternidad, la capacidad innata de cuidado, la posición de pasividad, debilidad y tutelaje, el amor romántico. Éstos aparecen como ejes constitutivos de la feminidad y se han expresado a lo largo del tiempo en las representaciones sociales del (deber) ser mujer. Dicho esto, veamos, ahora sí, a qué mujer(es) están dirigidas las políticas públicas y si rompen, tensionan o reproducen estos mitos y representaciones.
Asignación Universal por Hijo para la Protección Social
Si bien abundan los análisis sobre la AUHPS, es necesario hablar de ella por ser uno de los programas que más alcance poblacional tiene. Vigente desde el año 2009, consiste en una transferencia monetaria dirigida a les niñes de hasta 18 años que no cuenten con otro ingreso de asignación familiar y cuye/s progenitore/s a cargo estén desocupades o insertes en la economía informal. Como contraparte, se les solicita a éstes demostrar que no reciben un sueldo mayor al mínimo y la permanencia en el sistema educativo y sanitario de les niñes beneficiaries. El último informe disponible de ANSES (febrero de 2020) arroja un contundente (pero no por eso sorprendente) dato: el 94,2% de les beneficiares de esta asignación son mujeres[1].
Si bien suele calificarse a la AUHPS como garante de determinados derechos universales, lo cierto es que también limita o entra en tensión con otros al reforzar la idea de mujer-madre-cuidadora-pobre como sujeta de tutelaje y vigilancia: por una parte, imponiendo como condición para percibir el ingreso permanecer fuera del mercado laboral formal, y por otro, con el control continuo del acceso al sistema educativo y sanitario de sus hijes (Del Rio, González, País, 2013). En este escenario, la autonomía y ciudadanía de las mujeres aparece restringida y se reproducen los roles de género opresivos asociados al mundo privado y feminizado.
Sin embargo, la AUHPS ha presentado matices. Un sector menos crítico, desde un enfoque llamado “de derechos”, dirá que las políticas de asistencia social que privilegian mujeres como destinatarias pueden implicar efectos opuestos pero simultáneos: se reconoce que refuerzan los roles esencialistas que ubican a las mujeres en un rol maternal y cuidador, pero se entiende que también habilitan espacios de responsabilidad, decisión y poder promoviendo cierta autonomía (Grassi, 2009). Si bien es una postura válida, la mera transferencia de dinero no resulta justamente una ampliación de la autonomía, sino más bien una restricción a la misma, poniéndolas bajo la tutela y control no de un varón, pero sí del Estado.
Abordaje integral con mujeres víctimas de trata sexual en el dispositivo-refugio Alfonsina Storni
El refugio Alfonsina Storni es un dispositivo de la Dirección General de la Mujer perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). En él se alojan mujeres víctimas de trata que han sido rescatadas de situaciones de explotación. Por otra parte, el abordaje protocolar del dispositivo propone trabajar “la transición de las residentes de la posición de objeto de explotación a sujeta de derechos, promover la toma de conciencia de la situación vivida, para así acompañarlas en el tránsito de las etapas de auto-reconocimiento como víctimas hacia la de empoderamiento” (Protocolo de Intervención del Programa de Atención Integral a Víctimas de Trata con fines de explotación sexual, 2012). ¿Cómo conviven estos procesos sin reforzar el lugar de mujer-víctima? La tensión entre el concepto de víctima y el de sujeta de derechos aparece, principalmente, ante la complejidad del último y su aplicación operativa. Si bien (y sin duda) las reparaciones son legítimas, no se trata de una política pública cuyo contenido amplíe la autonomía: la situación de tutelaje permanece. El discurso de victimización afirma a las mujeres como marcadas esencialmente por la vulnerabilidad, débiles. La pregunta está, entonces, en cómo hacer para que no desaparezcan en toda su potencialidad al interior de la categoría de víctimas (Pitch, 2003).
Programa Acompañar
El Programa Acompañar forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 que elaboró el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En el documento que presenta el Plan figura que este programa “está dirigido a mujeres y LGBTI+ que por sus condiciones socio-económicas y vinculares estén expuestas a violencias por motivos de género que pongan en riesgo su integridad física y psicológica y su autonomía económica y social. Su objetivo principal es promover la autonomía de las personas destinatarias a través de apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por un término de seis meses, destinado a contribuir, en el corto y mediano plazo, a la creación de condiciones básicas para la construcción de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias. Se propone también acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial para las personas destinatarias” (Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 2020). Con la aparición de este Ministerio se asoma, en primer término, un cambio de paradigma en políticas públicas con perspectiva de género, porque se impulsa la creación de condiciones materiales que garanticen (al menos en el corto plazo) que les más afectades por violencias de géneros puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo, entendiendo que pueden permanecer en situaciones de riesgo por sujeción económica a quienes ejercen violencia sobre elles. Vale decir que este programa fue lanzado en el mes de agosto 2020, por lo tanto, el cómo impactó efectivamente queda pendiente.
No se trata, entonces, sólo de transferencias monetarias, ni de reparación de daños, sino también de pensar cómo pueden las políticas públicas generar espacios que rompan con las representaciones de mujer(es) que las anclan a los lugares donde siempre han sido ubicadas, limitando su potencia, sus deseos, sus proyectos.
Las tres políticas públicas que mencionamos coexisten en la actualidad, así como sus efectos sobre la autonomía y ciudadanía de las mujeres. La AUHPS y el abordaje en el refugio Alfonsina Storni están dirigidos a mujeres-madres-cuidadoras y mujeres-víctimas-tuteladas, ambas representaciones sociales intersectadas por la pobreza. Así, se construye a las mujeres pobres como la población destinataria paradigmática de políticas públicas. Éstas, entendidas como oportunidades disponibles, deberían generar instancias que promuevan el ejercicio de su autonomía. No se trata, entonces, sólo de transferencias monetarias, ni de reparación de daños, sino también de pensar cómo pueden las políticas públicas generar espacios que rompan con las representaciones de mujer(es) que las anclan a los lugares donde siempre han sido ubicadas, limitando su potencia, sus deseos, sus proyectos.
Mientras las políticas públicas continúen reflejando estas construcciones dominantes de género, cuyos significados (cristalizados en la práctica cotidiana) resulten opresivos para tantes, el Estado continuará operando como reproductor de desigualdades. Es por eso que creo que el monitoreo sobre aquellas es ineludible para el avance hacia nuevos caminos de emancipación. Como mujeres, feministas y ciudadanas, debemos vigilar la formulación de los programas que hacia nosotras, como colectivo heterogéneo y sororo, se dirigen, de modo tal que resulten en prácticas más justas. De otro modo, seguiremos permitiendo la exclusión de la categoría de ciudadanía plena de las mujeres, naturalizando esta injusticia histórica.
Las políticas públicas deben orientarse a desarmar los lugares esencialmente feminizados de cuidado, de víctima, de tutelaje, y generar oportunidades para las mujeres de modo tal que ya no sean más privadas de la capacidad de decisión sobre sus propias vidas, como premisa esencial de la autonomía.
Las políticas públicas deben orientarse a desarmar los lugares esencialmente feminizados de cuidado, de víctima, de tutelaje, y generar oportunidades para las mujeres de modo tal que ya no sean más privadas de la capacidad de decisión sobre sus propias vidas, como premisa esencial de la autonomía. Porque empoderarse es algo que le sucede a cada quien. Una se empodera, no la empoderan. Nadie empodera a nadie (Lagarde, 2005).
[1] Datos disponibles en: http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/publicaciones/Boletin%20mensual%20AUH%20Febrero%202020.pdf
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